Apresan mujer acusada de organizar matrimonios falsos en EE. UU.

Seis personas fueron acusadas en Massachusetts de presuntamente organizar matrimonios fraudulentos con el objetivo de ayudar a extranjeros a obtener estatus migratorio en Estados Unidos, según informó la Fiscalía federal de Boston. La principal señalada es Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, a quien las autoridades acusan de dirigir durante más de 10 años una red que habría generado cientos de miles de dólares anuales.

Junto a González fueron imputadas otras cinco personas: Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; Jessica Tavares, de 31, residente en Attleboro; y Jaylin Hill, de 26. Salvo Tavares, los demás residentes mencionados en el reporte radican en Fall River. Los seis enfrentan cargos por conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular, albergar a dichas personas, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. Las autoridades detallaron que González, Daniels, Alejandro, Pugh y Tavares fueron arrestados un miércoles, mientras que Hill cumple una condena en una prisión estatal por un delito vinculado a armas de fuego.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la fuente, la red operada por González organizaba entre 18 y 20 matrimonios simulados cada año, cobrando montos de entre 38,000 y 40,000 dólares por cada uno. La investigación sostiene que la presunta cabecilla pagaba a ciudadanos estadounidenses como Daniels, Alejandro, Tavares y Hill para contraer nupcias de forma ficticia, mientras que Pugh se desempeñaba presuntamente como secretaria del negocio. Los clientes recibían instrucciones sobre cómo simular una relación legítima mediante la contratación de seguros de vida, apertura de cuentas bancarias conjuntas, fotografías y pagos mensuales de 500 dólares al cónyuge asignado.

La Fiscalía federal indicó que las ganancias de esta operación habrían sido utilizadas por González para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en la República Dominicana. Asimismo, la investigación señala presuntas irregularidades con ayudas públicas, indicando que varios de los acusados mintieron en solicitudes de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Massachusetts, ocultando sus matrimonios, mientras que González presuntamente gastó más de 120,000 dólares de dicho programa social.

Los cargos relacionados con albergar a extranjeros y la conspiración para cometer dicho acto conllevan penas máximas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares. En tanto, los delitos de fraude matrimonial y su conspiración conllevan condenas de hasta cinco años de prisión bajo los mismos términos de libertad y multas, quedando las sentencias definitivas sujetas a la determinación de un juez federal.